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Presos de la literatura

El próximo martes 2 de noviembre, desde las 18, se llevará a cabo la propuesta «Presos de la literatura», en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo Secretaría de Extensión Universitaria, organizado por el Grupo Amplio SALVATABLAS.

Las actividades previstas para ese día incluyen las siguientes presentaciones:

Cesar González – “Camilo Blajaquis”
Re-presentará su libro “La Venganza del Cordero Atado”, luego de hacerlo en la última Feria del Libro, nos comentará sobre los trabajos socioliterarios que está desarrollando en el barrio “Carlos Gardel” y sus proyectos futuros.

Asociación Civil “Yo no fui”
Presentarán su producción literaria, expondrán sobre su experiencia entre las letras, el encierro, las palabras y la libertad.

“Presos del Teatro”
Presentarán “Devenir Literatos” (multiplicaciones dramaticoteatrales sobre lo compartido)

La Universidad de Madres se encuentra en Hipólito Yrigoyen 1584, en Capital Federal.

Cuando la imaginación legislativa se agota en las “fáciles” soluciones punitivas

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes que coordinan el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, publicó un interesante aporte que analiza la Ley de Servicio Cívico y Social aprobado recientemente en el senador nacional.

En este link: más información http://observatoriojovenes.com.ar/index.php?idContenido=1218&idSeccion=4&idSeccionPpal=1

En las últimas semanas nos hemos anoticiado de que un proyecto de ley sobre Servicio Cívico y Social ha sido aprobado por el Senado de la Nación. Nos enteramos ante el hecho consumado, ya que podríamos afirmar que el tema aún no se había instalado en la agenda pública, ni para discusión, ni para debate informado. Por cierto, el tema se trató en la Comisión de Asuntos Penales y Justicia del Senado de la Nación. Por cierto, allí se invitó a expertos a dar su punto de vista.
Poco importó que las opiniones no fueran favorables, nada importó que las autoridades sindicadas como “autoridades de aplicación” mostraran su indignación por haber sido puestas en dicho lugar, sin… siquiera haber sido consultadas. Tampoco importó que valiosas opiniones no hubieran podido ser escuchadas dada la premura con la que se planteó la consulta, y la imposibilidad material de algunos para asistir y emitir opinión. Cabe decir que se trató de lo que vulgarmente podría llamarse una “bravuconada legislativa”. Había que hacer una demostración de fuerza, y ¡qué mejor que utilizar a los jóvenes vulnerables que tan mala prensa tienen! Si se trata de arribar a consensos, ¿qué duda cabe que los jóvenes en zonas franjas de vulnerabilidad y exclusión son un problema acuciante? ¿Qué duda cabe que algo debe hacerse? Hasta allí, en el nivel diagnostico, se pueden establecer coincidencias. Pero en el nivel operativo, ante la vital pregunta de qué hacer, cuáles acciones, cuáles programas, qué tipo de políticas, las diferencias afloran. Para algunos, hay que responder con políticas de inclusión y políticas integrales, para otros, la archiconocida solución de matar el hambre matando a los hambrientos es un comodín apto para cualquier coyuntura. ¿Políticas sociales o políticas de seguridad? O la nueva variante de políticas de seguridad travestidas de políticas de inclusión?
Casi todos los proyectos declaran en sus fundamentos la promoción social, la inclusión y la contención de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social, marginados del sistema laboral y educativo, o en situación de riesgo.
Pero no vayamos tan rápido. El SCV tiene una historia, y si hoy tenemos ante nosotros una discusión instalada, conviene hacer su genealogía para entender de qué estamos hablando, aún cuando sabemos que el proyecto es criticable e inviable, y que no tiene chance de prosperar en la Cámara de Diputados. Pero aun así, conviene interiorizarnos de que se trata para que la próxima vez no nos tome como sociedad tan desprevenidos.
Este proyecto que tan rápidamente encontró la media sanción, estaba en boxes, en el banco de suplentes, o como se quiera designar. No es que se inventó la semana de la discusión en el senado. Como muchas iniciativas de tipo punitivo, esperan agazapadas dormitando en las comisiones hasta que una razón de oportunidad y urgencia, las despabila de repente y les habilita la vía franca hacia el recinto. Ya se preguntarán uds. ¿por qué motivo proyectos de ley que “desconocen” su carácter punitivo y, por el contrario, se “reconocen” como proyectos “proactivos en la promoción y la inclusión”, son discutidos en la Comisión de Asuntos Penales, y no otras Comisiones cuya competencia los habilita por especificidad, por ejemplo la Comisión de Población y Desarrollo Humano, la Comisión de Educación y Cultura, o aún la de Trabajo y Previsión Social, o las dos últimas en simultáneo? Esa es la primera pregunta que debe ser contestada, ¿cuál es la racionalidad que explica que proyectos que abrevan en la inclusión de los jóvenes a través de la educación y el trabajo, sean tratados por una Comisión de Asuntos penales? ¿Y que antes de pasar al recinto, no se gire el dictamen de Comisión a la Comisiones pertinentes? La premura alienta otras preguntas, máxime si se tiene en cuenta el fracaso legislativo en sancionar un régimen de responsabilización penal juvenil, deuda pendiente con los jóvenes por todos unánimemente reconocida. ¿Será que el fracaso en la legislación penal solo se ve mitigado por un triste triunfo pasajero en materia securitaria, y que el pasaje por la comisión de asuntos penales confiere la sensación de que la “peligrosidad potencial” de los jóvenes es tratada seriamente?
Si de historia hablamos, el dictamen resultante de la articulación y compatibilización de cuatro proyectos con trámite parlamentario, reconoce su antecedente más antiguo en un proyecto presentado en el año 2008 por el senador Pampuro. Efectivamente, el proyecto S-388/10 había sido presentado en el 2008, y habiendo perdido estado parlamentario sin pena ni gloria, ni trascendencia mediática alguna, hubo de ser re-presentado en el año 2010, ahora sí con mejor suerte. El Proyecto S-1329/09 del Senador mendocino Sanz, replica un proyecto presentado en la Honorable Cámara de Diputados con anterioridad que ancla su propuesta en la “exitosa” experiencia provincial promovida por el entonces gobernador y ahora presidente de la cámara alta. Ambos proyectos en el 2010, tuvieron competencia: presentó también una propuesta la senadora Montero, el proyecto S-2690/10. Finalmente, fue también parte de la remesa de proyectos, la mucho más integradora y ambiciosa propuesta del senador Rodríguez Saa (S-2642/10), de creación de un Régimen Federal de Voluntariado Cívico.
Muy a grandes rasgos, los proyectos plantean “la creación de un Servicio Cívico Voluntario en el marco de políticas sociales y de defensa de la nación para la inclusión de jóvenes” (Pampuro), “el desarrollo de una política de carácter reparador que contemple la inclusión social, continuidad y finalización del ciclo educativo formal y el fortalecimiento de los vínculos sociales (…para dar respuesta….) a la urgente necesidad de solucionar la problemática socio-económica de nuestra juventud, sobretodo aquella que pertenece a familias con escasos recursos materiales , por lo tanto una franja poblacional de seria vulnerabilidad social” (Sanz), “una política de carácter contenedora y de inclusión social continua, contemplando la finalización del ciclo educativo formal, la formación laboral y el fortalecimiento de los vínculos sociales” (Montero), y párrafo aparte merece el proyecto del senador Rodríguez Saa que excede la cuestión de la inclusión social y la contención de los jóvenes y ancla su propuesta en la promoción del bien común y las prácticas democráticas, la institucionalización del altruismo, el patriotismo y la solidaridad, en todo el territorio de la República Argentina. (…y……) la importancia de la promoción, directa o indirecta, de políticas de bien común que inviten a los ciudadanos a experimentar la utilidad de las acciones altruistas y solidarias”, apuntando por este motivo no solamente a los jóvenes, sino confiriendo al régimen federal un carácter de obligatorio para el desempeño en cargos públicos.
El rango de posiciones es acotado, aunque fluctúa en pretensiones muy circunscriptas a la problemática de los jóvenes que “no estudian ni trabajan” y que son un peligro potencial a la vida en sociedad, y los que pretenden instalar una supuesta ciudadanía plena con reminiscencias de integración social que destila nostalgia fascistoide.

Lo que ningún proyecto explica es por qué han de involucrarse las fuerzas armadas en la tarea de integración social, en una perfomance que va de la “cesión de instalaciones” para la prestación del SCV en virtud de convenios, hasta la puesta a disposición del SCV de dependencias militares para los alumnos permanentes, pasando por el dictado de materias específicas al saber militar “bajo la estricta superintendencia del Ministerio de Educación”. Equivocado estaría aquel que cree que el lugar asignado a las fuerzas armadas es un buen lugar. Obligadas a cumplir un rol ajeno a su misión y funciones, intervenidas en su espacio territorial, supeditadas a la autoridad de aplicación educativa para los aspectos programáticos, cuesta siquiera imaginar que las Fuerzas Armadas hayan dado su beneplácito a la iniciativa. Y por otro lado, grave error pretender asignar algún “lugar” a las fuerzas armadas que no sea el que le corresponde constitucionalmente, ese lugar nada tiene que ver con “gestionar la cuestión social”, en este caso la de los jóvenes pobres.
Así como cuesta creer que el Ministerio de Educación teniendo tantas vacancias que cubrir en la estructura educativa formal, se entusiasme desdoblando sus esfuerzos para realizar acciones educativas que ya contempla en sus planes curriculares en curso. ¿Capacitación en oficios? Si de tan noble tarea se trata, porque esto debe ser realizado en el marco de convenios con espacios militares?
Esto por no mencionar la deficiente definición de partida presupuestaria, siendo que el SCV voluntario supone una erogación importante, siendo que prevé la retribución, remuneración, o estipendio mensual a los “voluntarios” que se inscriban en el SCV. El valor de 3 Asignaciones Universales por Hijo por cada “voluntario” aceptado al SCV, abre interrogantes sobre la equidad en las condiciones de acceso. Algunos jóvenes para estudiar recibirían 3 AUH y otros para cumplir con los estudios solo cuentan con el esfuerzo de sus padres? La erogación total es difícil de determinar de antemano, supeditada como está a los convenios jurisdiccionales que se firmen al efecto, y a las vacantes que anualmente decida el Ministerio de Educación. Igualmente, insuma el presupuesto que sea, el Ejecutivo paga. Una pregunta quizás un tanto ingenua, si de lo que se trata es de proponer acciones que resuelvan problemáticas sociales complejas, y “el Estado paga la cuenta”, ¿por qué agotar la imaginación legislativa en propuestas con tinte punitivo? ¿Porque no pergeñar propuestas de integración en serio a través de dispositivos que no involucren la coerción ni la discriminación? ¿Desde que punto de vista la educación e integración social se avala en términos de seguridad y prevención del delito? ¿Es dable avanzar sobre iniciativas espasmódicas, no cuentan con datos reales que avalen éxito alguno en otras jurisdicciones donde fue aplicada? ¿Son «jóvenes en situación de riesgo» o más bien «jóvenes riesgosos» los que requieren de la participación de la FFAA para su «integración en la sociedad»? ¿Dentro de las políticas de inclusión social no se encuentran los mecanismos mediante los cuales el Estado garantiza que no se relegue ningún sector de la sociedad en relación a otro? ¿Por qué entonces en nombre de esa inclusión se pretende estigmatizar a los jóvenes pobres?
Este proyecto se respalda o reconoce antecedentes en alguna otra experiencia vinculada a la “gestión de la cuestión social de los jóvenes pobres” en ámbitos provinciales por parte de otras fuerzas armadas y de seguridad como gendarmería, prefectura o el mismo ejército?
Para quien quiera un debate informado, les adjuntamos un cuadro comparativo con las propuestas en las que hemos sintetizado los principales tópicos de debate. Asimismo, para aquel que quiera consultar la fuente, le sugerimos tenga a bien valerse de la lectura de los proyectos, que también consignamos como parte de la responsabilidad que hemos asumido desde el ámbito académico de propiciar debates informados.
Cuadro comparativo
Dictamen aprobado HCS
Proyecto S-2642-10 Rodriguez Saa
Proyecto S-2690-10 Montero
Proyecto S-0388-10 Pampuro
Proyecto S-1329-09 Sanz
Versión taquigráfica Debate en Senadores

OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES y JÓVENES Y GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS (GESPyDH)
Instituto de Investigaciones Gino Germani –
Facultad de Cs. Sociales – UBA

Gesec adhiere a la lucha del CUD

Con motivo de los acontecimientos que hemos estado difundiendo y que condicionan el desempeño de acciones en el marco del Centro Universitario de Devoto, como un espacio de resistencia y autonomía dentro de la Unidad, este lunes se realizará una manifestación desde las 18, frente al Ministerio de Justicia, ubicado en Sarmiento 329

El GESEC convoca y adhiere. A continuación el comunicado difundido por los afectados:

El Programa UBA XXII de educación en cárceles de la Universidad de Buenos Aires vive hoy una situación en extremo delicada. La histórica oposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a este programa ha llegado a un nivel de violencia que pone en riesgo la propia existencia del programa. El 23 de septiembre de 2010, el Centro Universitario Devoto (CUD) fue allanado con orden judicial, sin ningún tipo de notificación a la UBA. El allanamiento lo realizó el cuerpo de requisa del SPF, personal militarizado, provisto de armas largas, escudos y cascos. A partir de este hecho, de manera unilateral, sin poner a consideración ni dar aviso a la UBA, el SPF procedió a:
1. Suspender las actividades del CUD durante dos días;
2. Desalojar a los estudiantes y coordinadores internos residentes, que son quienes cuidan el patrimonio y la integridad del espacio universitario;
3. Producir traslados y cambios de alojamiento de estudiantes detenidos;
4. Impedir el ingreso al penal de docentes y estudiantes del medio libre «hasta nueva orden de la superioridad»
5. Modificar el espacio físico del CUD, transformando la Sala de Profesores del mismo en un espacio con rejas sin destino definido hasta el momento.
6. Pretender trasladar a otro sector de la cárcel el lugar físico donde se desarrollan distintas actividades extracurriculares como los Cursos de Computación, la Asesoría Jurídica, la Asesoría Social, el Proyecto Ave Fénix y otras actividades cursos y talleres, todos ellos organizados por las distintas unidades académicas y coordinados por estudiantes y docentes, detenidos y del medio libre, agrediendo los principios de autonomía universitaria y autogestión que regulan la vida académica en este Centro desde hace veinticinco años.
Todas estas medidas constituyen un atropello a la autonomía universitaria y un ataque directo a todos los actores que hacen día a día el programa UBA XXII: docentes, estudiantes y autoridades.

Por esta razón, la FUBA, coordinadores del programa, organismos de derechos humanos y familiares de detenidos nos solidarizamos con el reclamo de los estudiantes del CUD, repudiamos el accionar del Servicio Penitenciario Federal que vulnera el espíritu de la autonomía universitaria y que atenta con el derecho a estudiar de los detenidos en el penal y exigimos la pronta resolución del conflicto.

Por ello, convocamos a la concentración que realizaremos frente al Ministerio de Seguridad y Justicia (Sarmiento 329) en donde se realizará un acto, se entregará una declaración (ver en adjunto) que cuenta con más de un centenar de adhesiones exigiendo la resolución del conflicto y un pliego de reclamos de los estudiantes privados de la libertad que hoy se encuentran en huelga de hambre a la espera de la resolución del conflicto.
EN CASO DE QUERER ADHERIR AL DOCUMENTO MANDAR AVAL A: avefenix@mail.fsoc.uba.ar

NO ANOTARSE SOLO EN LA LISTA

GRACIAS
GRUPO AVE FENIX

«Crónica del encuentro que no fue»

Lo que sigue es el relato que difundió el grupo Salvatablas de una jornada realizada el pasado 21 de octubre, un día después de los trágicos acontecimientos que dejaron como saldo la lamentable muerte de Mariano Ferreyra.

La charla, “Por-Venir y la Transitoria, Conversando desde la Reducción de Daños”, se reedicionará el martes 26 de octubre a las 18:30 hs en el subsuelo de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. H. Irigoyen 1584.

Era 21 de octubre, los que integramos el Grupo Salvatablas teníamos programado un encuentro con el Lic. Ricardo Paveto de ARDA (Asociación de Reducción de Daños Argentina) y con los queridos amigos que
siempre se suman a este espacio ecléctico y movilizante, para conversar en esta ocasión: acerca del “Por-Venir y la Transitoria, Conversando desde la Reducción de Daños”.

En esta oportunidad, el espacio se abría a la temática del consumo de drogas en su cruce con la privación de la libertad; pero fundamentalmente, el espacio se proponía como instancia para
reflexionar acerca de la «transitoria», tiempo de pasaje en la construcción de una nueva posición como sujetos inmersos en una trama social y comunitaria compleja.

Debido a los acontecimientos desgraciados del 20 de octubre se decidió suspender la actividad. Pero los integrantes del elenco «Presos del Teatro» ya tenían sus permisos de salidas transitorias otorgados, ya
estaba autorizada esa bocanada de libertad que tienen un par de veces a la semana para hacer teatro espontáneo y psicodramático, para luego volver, con otro aire en el pecho, a sus lugares de detención.

El 21 la ciudad estaba atravesada por jóvenes, banderas, estudiantes y laburantes que con indignación y profunda identificación al joven Ferreyra, militante popular muerto por la intolerancia y la prepotencia, se unían para decir NO a la violencia de los que no creen en el poder del disenso y las palabras.

Ese 21 la veredita (espacio inicial de los encuentros de presos del teatro) se extendió mucho más de lo habitual. Cerca de las 19 bajamos al espacio subterráneo y profundo pero lleno de luz cedido por
las Madres para los encuentros Salvatablenses.

Si bien la actividad con ARDA se había suspendido, el tema del consumo de drogas estaba en el aire. Movilizados e implicados con la temática teníamos un buen rato para hacer lugar a los relatos.
Historias terribles, conmovedoras, mucho para trabajar.

W. contaba que a la edad de 11 años, sus tíos le daban su primer pico de cocaína. Unía su pulgar con su índice tratando de dibujar un brazo flaquito, que recibía su primer pico de merca por parte de quienes eran sus referentes adultos. Así fue ingresando, sin tramitación posible, al consumo inyectable e inició una lucha de la que aún hoy, debe afrontar sus consecuencias. Contó acerca del límite que la muerte o la vida le marcó un día, y que como tantos otros, le mostraba su fragilidad humana. Mentiras, engaños, el delirio del oso blanco y la mirada de su hija, que como soga atada a la cintura lo devolvía a la superficie para darle una oportunidad que parecía perdida.

L. que hace poco tiempo recuperó su libertad, contaba lo difícil que se hace estar afuera sin volver a “ser el de antes”, con las dificultades que se le presentan en “armarse de algo nuevo” (la nueva transitoria). Que había decidido no volver a caer, apoyándose en la sabiduría que otorga el disfrute de cada pequeño gesto que representa la vida en libertad, apoyándose en la solidaridad, en el compañerismo, en la mirada por el otro y en los suyos, que a esta altura, somos también nosotros.

R. que aprovecha siempre el espacio para encontrarse con C., su querida compañera, planteó que no importaba si el consumo era de droga o no. Podía ser a cualquier cosa, el tema está en «cómo uno se
relaciona con eso”. C. arremetió con sus preguntas y en función de ellas, se desató un debate acerca de qué lugar viene a ocupar “la droga”, el objeto droga, si es buena o mala en sí misma, y de ahí nos
fuimos a los consumos saludables y los consumos problemáticos.

L. habló de las presiones grupales y del lugar que “el otro te pone”. De lo dificil que se hace no comsumir, cuando «tu gente» que te espera afuera, te conoce de una forma y quizás no entiendan lo complicado que
es cambiar.

T. compartió con el grupo el momento que él identifica como “el instante que decidió dejar de tomar cocaína”, el diálogo que tuvo en la celda con su compañero, estando detenido en Ezeiza, cumpliendo con
una condena que tenía varios años por delante. Despues … la abstinencia, los bajones, la familia, la cárcel, la violencia, la calle, el amor, la lucha diaria y las encrucijadas de la libertad.

Seguramente haremos de alguno de estos relatos, una escena psicodramática que será representada el próximo martes 26 de octubre a las 18:30 hs en la UPMPM. Y aquí nuestra invitación.

Se trata de un espacio abierto que convoca a integrarse, a aportar una nueva mirada, a escucharse, a emocionarse, al abrazo y medio, a la implicancia y a la participación en la construcción de una libertad
posible e inclusiva.

Kessler y la relación entre delito y sociedad

El investigador Gabriel Kessler analiza la relación entre delito y sociedad
“La relación entre percepción de inseguridad y delito efectivo es el doble”, en una nota publicada en agosto de este año en Página 12.

Gabriel Kessler lleva años estudiando la llamada “inseguridad”. Que es mucho más que delito, asegura. Y se atreve a decir que la inseguridad no es sinónimo de ruptura de la ley. Aquí, analiza cómo se relaciona la sociedad con ese fenómeno, cómo cambia esa relación en el tiempo y qué papel juegan los medios.

Por Natalia Aruguete y Walter Isaía
–¿Cómo define el concepto de inseguridad?
–Tal cual está tematizado en la Argentina, tanto en el campo político, mediático como en la población, la inseguridad no es sinónimo de delito, ni siquiera de todos los delitos violentos. La inseguridad es la sensación de una amenaza aleatoria que puede abatirse sobre cualquiera en cualquier lugar. La idea central es la de aleatoriedad, le puede pasar a cualquiera. Muchas veces causa sensación de inseguridad, por ejemplo, el que haya jóvenes reunidos en la calle que no están violentando ninguna ley. Por eso digo que la inseguridad no es sinónimo de ruptura de la ley.
–Hay un debate de larga data en la Argentina sobre si la inseguridad es objetiva o subjetiva, ¿usted qué opina?
–Que las dos dimensiones son inseparables, porque la inseguridad tiene siempre una dimensión de demanda insatisfecha dirigida al Estado sobre lo que se considera un umbral de riesgos aceptables, y eso necesariamente es subjetivo aunque no lo hace menos real.
–¿Por qué en los últimos años la inseguridad se ubicó como la principal preocupación en Argentina?
–Hoy la preocupación por el delito está instalada como primer problema en toda América latina, en los países que tienen las tasas más altas de delito y también en aquellos que, en términos relativos y absolutos, tienen menores tasas de delito, como Uruguay, Costa Rica o Chile, como se vio en las últimas elecciones presidenciales de estos países.
–¿Por qué?
–Hay muchos factores a tener en cuenta. En Argentina, por ejemplo, los delitos contra la propiedad aumentaron más de un 200 por ciento en 20 años. La relación de la sociedad con el delito urbano cambió desde la reinstalación democrática, con fuerte énfasis en los ’90 y con un pico luego de la crisis del 2001, para luego tener un amesetamiento después del 2003, aunque desde el 2007 no tenemos datos de las encuestas de victimización. A pesar de esta estabilización en las tasas, cuando la situación económica se fue estabilizando, el delito fue ocupando el primer lugar de preocupación. Si tuviera que elegir entre las tantas variables que explican la centralidad del delito, diría que las tasas de victimización (el porcentaje de personas que son víctimas de algún delito), de casi todas las urbes de América latina y también de la Argentina –donde hay estudios–, es de un 30 o 40 por ciento. Es bastante. Las tasas de homicidio son bajas en comparación con otros países de la región, entre 6 o 7 sobre 100.000. Esa articulación entre tasas de victimización altas –en su mayoría delitos menores– y tasas de homicidio comparativamente bajas pero con mucha presencia mediática, y a menudo en ocasión de esos delitos menores, hace que la experiencia personal de victimización se viva, no según el cálculo de probabilidades de su baja posibilidad de desenlace fatal, sino en términos de incertidumbre.
–En esta relativa independencia del sentimiento de inseguridad respecto de la tasa de victimización, ¿qué influencia generan los medios de comunicación?
–Una primera cuestión es que para que los medios tengan impacto en la preocupación debe haber una consonancia intersubjetiva entre lo que los medios transmiten y lo que las personas perciben o creen que pasa alrededor de ellas. Un segundo rasgo es que hay una omnipresencia del tema. Desde mediados de los ’90, asistimos a la instalación de la inseguridad como una rúbrica mediática, un tema que pasa de los diarios populares a los de tirada nacional, de la sección “Policial” a las secciones “Información general” o “Política”. Hay, a la vez, una presencia central en los noticieros nacionales, que muestran el “saldo de la inseguridad de la jornada”. Hay constantemente un telón de fondo con la idea de que es un problema de alcance nacional.
–En su libro El sentimiento de inseguridad investigó este aspecto en una pequeña ciudad, ¿cuáles fueron los hallazgos de ese trabajo?
–Investigamos una ciudad muy pequeña, donde no pasa absolutamente nada y la gente dice que no pasa absolutamente nada, pero la transmisión de noticieros nacionales y ver que en ciudades cercanas –intermedias o grandes– ha pasado algo, instala la idea de que “esto nos puede pasar a nosotros en el futuro”. El efecto es avizorar un futuro de mucha inquietud. Hay un telón de fondo que se compone de noticias de casos episódicos (hurtos, robos) con una actualización constante, con la cámara presente en el lugar del hecho y la centralidad de las víctimas en los delitos. Es decir, cambió la presentación mediática de los delitos, no sólo en Argentina sino en América latina y en todo el mundo. Esto hace que el delito pase de haber sido algo excepcional a ser una experiencia, algo que uno escucha, oye y palpa durante todo el día.
–Según su análisis, en América latina, la relación entre la percepción de inseguridad y el delito efectivo es aproximadamente el doble, ¿qué ocurre en Argentina?
–En Argentina también es más o menos el doble. En general, lo que uno ve es que la percepción de probabilidades en el futuro de ser víctima de un delito guarda una relación del doble o más que la tasa de victimización del lugar en que se vive. En las grandes ciudades europeas hay alrededor de un 15 por ciento de tasa de victimización y un 25 por ciento de personas que consideran que pueden ser víctimas de un delito. En las ciudades latinoamericanas es de un 30/35 por ciento a un 60/70 por ciento, respectivamente, eso se llama presión ecológica: cada punto de delito en un territorio tiene un efecto de multiplicación en cuanto a la inquietud que genera en sus habitantes. Lo que suele suceder –Argentina sigue un poco esa lógica– es que la preocupación por el tema aumenta un poco después que aumenta el delito. Y aun cuando el delito baja, esta preocupación se mantiene estable; esto se está viendo en Europa, aunque en América latina vemos situaciones distintas.
–¿Como cuáles?
–Santiago de Chile tiene todavía tasas de homicidio enormemente más bajas que Bogotá, pero en Bogotá se tiene la percepción de que la situación mejoró y el temor descendió. En Santiago de Chile, al igual que en Buenos Aires y Montevideo, hay una idea mítica de que en el pasado no había delito y eso explica en parte que con tasas más bajas que otras ciudades, la preocupación sea muy alta.
–¿Pero por qué se da esa diferencia?
–Hay dos conceptos que entran en juego: la comparabilidad y la aceptabilidad. El temor, en gran medida, es una comparación con lo que se supone que fue el pasado, y uno tiende a construir imágenes bastante idealizadas del pasado. Se ve muchas veces un discurso dicotómico: “acá no pasaba nada”. “Todo estaba bien hasta el momento en que empezó todo”. Sin embargo, cuando se ven las tasas de victimización y la evolución de la preocupación, se observa que ambas aumentaron paulatinamente.
–¿Hay diferencias entre esta dicotomía y la experiencia subjetiva de las personas?
–Cuando las personas dejan de dar un juicio general y hablan de su propia experiencia, sobre todo de los cambios en sus formas de experimentar la ciudad, se ven cambios de prácticas –dejan de hacer ciertas cosas o las modifican– que también fueron cambios paulatinos. En la preocupación por el delito hay varias temporalidades superpuestas.
–Usted mencionó la “aceptabilidad” como un factor que incide en la percepción pública del delito.
–La indignación del delito suele estar mediada por las diferencias de aceptabilidad. ¿Cuánto delito se considera aceptable en una sociedad? Eso es dinámico: cambia en función del tiempo, de los grupos sociales y de la talla de la ciudad en la que uno viva. Lo que en un pueblo es un escándalo, en una ciudad grande es considerado parte normal de la vida. En las encuestas, desde comienzos de los ’90 hasta hoy, la idea es que esto va a empeorar. Creo que una de las cuestiones que genera mayor efervescencia política con respecto al delito en la Argentina es que, a pesar del aumento de los hechos, el nivel de aceptabilidad no cambió y esto causa –y a la vez retroalimenta– una suerte de pesimismo sobre el futuro conjugado con la sensación de que nadie sabe qué hacer.
–¿Cuáles son las consecuencias de esta retroalimentación?
–Son preocupantes. Por casos de otros países, sabemos que cuando parte de una población espera algún tipo de solución y no ve respuestas, puede estar más predispuesta a aceptar respuestas más punitivas. A la gente que entrevistamos en el libro, que en sus comienzos apoyaba a Blumberg, le preguntábamos: “¿Usted sabe lo que está proponiendo?”. Y la respuesta era: “La verdad que no, pero él sabe qué hacer”. La demagogia punitiva, falsas soluciones rápidas, crecen cuando se siente que no podemos dar una respuesta desde un polo realmente democrático. Por eso creo que es interesante ver –y que los medios vean– que no todo va para peor. Porque hay muchas experiencias interesantes de prevención en muchos lugares del país, con participación de entidades intermedias y de la comunidad, con propuestas no punitivas y sin saturación policial, con políticas urbanas y sociales, que han tenido éxito en revertir situaciones de delito.
–¿Cuál es el rol de los sondeos de opinión en tanto generadores de opinión, y qué aspectos serían criticables de la forma de medir la inseguridad?
–Muchas veces las encuestas de opinión y las preguntas sobre temor trabajan en un circuito de retroalimentación del temor porque devuelven la imagen de una sociedad atemorizada. No todas, depende también de cómo sea preguntado, pero en general contribuyen a la imagen de una sociedad atemorizada. Me parece muy importante la pregunta metodológica porque hay una gran discusión sobre cómo preguntar sobre el temor.
–¿En qué consiste esa discusión?
–Está demostrado que si uno pregunta por miedo a determinadas cosas, encuentra miedo. En las encuestas sobre victimización británicas, por ejemplo, ya no se pregunta más por el temor. Presuponer que la única emoción que genera el delito es temor es un error, porque también genera otras emociones. Hay una diferencia importante entre, por un lado, la preocupación política por el tema (que es lo que preguntan las encuestas) y, por otro lado, la percepción de probabilidad de ser víctima de un delito, que es lo que se está empezando a usar en el mundo y, por último, la emoción, que puede ser el temor. Cuando se preguntaba por el temor, la pregunta original era “¿Usted tiene miedo de volver a su casa de noche?” Casa, de noche y solo. Por supuesto, cualquier persona tiene temor. También eso se está cuestionando, se empieza a preguntar por cuestiones más situadas espacio-temporalmente y sobre delitos determinados: “¿Usted tiene miedo de que le pase tal delito en determinado momento?”. En estos casos se ve que las tasas de temor disminuyen.
–¿Por qué en las mediciones se da una tendencia al cálculo cuantitativo del riesgo?
–Lo cuantitativo tiene muchas ventajas, pero la forma en cómo es usado legitima ciertos juicios previos que, sobre todo con respecto al sentimiento de inseguridad, se alejan de una realidad que es más compleja y tiene más matices de los que a veces aparecen en los números, como una suerte de sociedad temerosa a tiempo completo, cuando lo real es que, como todo sentimiento, la inseguridad tiene oscilaciones e intensidades diversas.
–¿A qué llama pánico moral?
–Es un concepto de Stanley Cohen. Se refiere a la representación mediática y el efecto que causa en la población, desmesurado en relación con lo que podría ser la objetividad de ese hecho y respecto de otros problemas mayores que aparecen en la sociedad. Este autor analiza qué noticias generan pánico moral y cuáles no. Cohen dice que el pánico se genera cuando la víctima es presentada como alguien de nosotros, que no se trata sólo de ese hecho, sino que es la punta del iceberg o parte de “una ola”, algo que va a seguir sucediendo, y este dispositivo legitima una demanda hacia el Estado y la voz de los expertos. Lo que yo digo es que el delito o la sensación de seguridad están jalonados por momentos de pánico moral, pero también por la cotidianidad y la repetición. Estos no son “casos” con nombre propio, se olvidan, no tienen nombre, pero van sedimentando en una representación de una sociedad más insegura. A veces, el pánico moral tiene como efecto generar reacciones rápidas, cuya eficacia y contenido son poco estudiados. Si las políticas de un Estado con respecto al delito van a estar fundamentalmente basadas en situaciones de pánico moral, hay un problema.
–¿Hay algún cambio en relación con el pánico moral, a partir de la crisis de 2001/2002?
–Uno ve que en los años ’80, hasta la hiperinflación, la palabra inseguridad no existía. Los delitos eran casos excepcionales, estaban sobre todo en los diarios populares o había alguna tematización fuerte de la droga, del “libertinaje” ligado a la reinstauración democrática, etc. El eje de las preocupaciones estaba sobre todo en la llamada “mano de obra desocupada” ligada a la dictadura militar. En la hiperinflación de 1989 se da un primer cambio, hay imágenes de vecinos contra vecinos. En los años ’90 se da el momento de instalación de la inseguridad, la noción se acuña, aparece la idea de crisis social, aumenta el desempleo y se va cristalizando la idea de que el centro del problema del delito concierne a parte de los jóvenes de sectores más desfavorecidos. Ya en trabajos de hace 15 años aparecen varios colegas denunciando esta asociación entre delito y jóvenes pobres. El 2001 marca un interregno, con el aumento de la crisis se da una disminución de la preocupación por el delito. Hay un pico de delito en 2001/2002, pero el punto clave es en 2003, cuando por primera vez la preocupación por el delito supera a la preocupación por el desempleo.
–¿Con qué se relaciona que desde ese momento el delito aparezca como el problema más importante?
–Cuando en una encuesta se pedía: “elija las tres preocupaciones más importantes”, se elegía el delito porque el resto de los temas estaban más tranquilos. Pero en algunos medios apareció como “Ahora el delito está en primer lugar”. Eso aumenta luego, con un pico durante el caso Blumberg.
–¿Cuál fue el efecto del caso Blumberg?
–Me parece que fue un caso de pánico moral muy fuerte. No es que no haya sido importante, fue un caso terrible. Pero generó algo que no había pasado hasta ese momento: una movilización colectiva frente a un tema, un primer polo de oposición hacia el gobierno de Kirchner que hasta ese momento gozaba de un consenso muy alto. Apareció disputándole al oficialismo la presencia en el espacio público. Además, se promulgaron leyes que estaban en el registro legislativo, pero a las que casi nadie quiso oponerse para no pagar el costo político. En relación con el delito común, fue sin duda un hecho único desde la post-dictadura, aunque historiadores como Lila Caimari muestran casos comparables en otros momentos del siglo XX en el país.
–¿Qué consecuencias tiene el pánico moral al momento de legislar, crear políticas públicas, tomar decisiones jurídicas?
–Hay un ítem que está tematizado en casi todo el mundo occidental, que es la centralidad de las víctimas. Algunos teóricos ingleses lo muestran como un aspecto muy negativo, porque frente a la centralidad de las víctimas el debate adquiere una visceralidad por la cual es imposible discutir a partir de algún tipo de racionalidad, de manera que quien quiera oponerse a determinadas leyes o se preocupe por los derechos de los victimarios estaría ofendiendo su memoria y defendiendo a los delincuentes. Eso contribuyó a que se vuelva casi ilegítimo discutir temas como los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad, por ejemplo. En el caso argentino es más complejo, porque la centralidad de la víctima no tiene sólo un costado regresivo. Nosotros tenemos la centralidad de las víctimas ligadas al terrorismo de Estado, y en este caso la voz de las víctimas no tuvo el efecto que marcan los teóricos ingleses. Hay diferentes formas de presencia de las víctimas en el espacio público, pero tal como se dio esa presencia en algunos casos, sin negar lo terrible de ese dolor, sin duda no facilitó un debate más desapasionado sobre el tema.
–¿No cree que haya un escenario predispuesto para que se dé este mecanismo?
–Está demostrada la ineficacia de las leyes más duras, su verdadero fin es mostrarle a la sociedad que se estaba haciendo algo. Uno puede decir que hay una respuesta a la cuestión social, pero también se puede ver que hay algunas experiencias interesantes en Canadá o en algunos países escandinavos que se alejan de esa cuestión punitiva y que son eficaces. Desde América latina podríamos tomar parte de estas experiencias. Hay una orfandad de pensamiento, de una reflexión de política de seguridad que sea acorde a un problema grave pero que también sea respetuosa de los derechos humanos y de la función de reintegración que tiene el Estado. Este déficit de políticas innovadoras es un problema en casi toda América latina.
–¿Cómo analiza el reclamo que ha hecho la sociedad de políticas de tipo punitivas?
–El sentimiento de inseguridad se procesa de acuerdo a las medidas políticas previas, pero no las deja indemnes. Veo como un campo dividido en tres. Un polo punitivo, reaccionario, que difícilmente cambie y con el que uno tiene que pugnar el espacio público. Un polo democrático, comprometido con las políticas progresistas, que ve que no hay una solución actual al problema pero que está comprometido con algunas respuestas progresistas. Pero creo que hay un tercer grupo que está en esa posición intermedia, que no apoyaría políticas punitivas máximas pero que, frente a la falta de respuestas, podrían ser tentados con algún tipo de propuestas, lo que llamo un “deslizamiento punitivo”. Ahí sí el rol del Estado es importante, en mostrar que hay prioridades y que algunas cuestiones se están trabajando.
–En su libro usted plantea una relación entre un reclamo de Estado mínimo y la explosión del mercado privado de la seguridad.
–Dentro de la mirada más punitiva hay dos tendencias. Hay partidarios de un Estado mínimo, que sólo se ocupe de cuestiones punitivas, y un mercado privado como solución más eficaz. Pero también hay una idea de un Estado grande, que pueda atender la cuestión penal-judicial, más otras.
–¿Cuál es la relación entre el proceso de deslocalización y desidentificación en la percepción de inseguridad con los estereotipos que se crean respecto de la figura del delito?
–La imagen de la deslocalización es que ya no hay una frontera tajante entre zonas seguras e inseguras en la propia ciudad. En el caso argentino, esa imagen de un delito anónimo, producto de la implosión del tejido social, que no está ligado a grupos que tienen un control sobre el territorio, como aparece en otros países de América latina. Eso refuerza algunos estereotipos. En una encuesta en la ciudad de Buenos Aires, de la que participé, el segundo delito más temido era ser atacado en la calle sin motivo aparente. Lo cual es muy impresionante, porque no es un delito que prevalezca en la ciudad de Buenos Aires. No hay en general crímenes de odio, los ataques son por robo. Con respecto a lo que yo llamo desindentificación relativa, al ver los medios de comunicación o hablar con algunas personas pareciera que el temor está centrado en los sospechosos de siempre: pobres, sectores populares, jóvenes pobres. En parte es así, pero se fue pluralizando el sujeto de temor, el temor a la policía, al poder a alguien “que se parece a uno”. Hay una imagen de otro amenazante que está ahí. ¿Esto genera una “democratización del temor”? No.
–¿Por qué no?
–Porque retroalimenta la idea de que “nadie es confiable”. Hay una construcción del estigma más fuerte –los jóvenes pobres son menos confiables que otros–, pero no es que aparezcan sólo como el único grupo desconfiable. Esa desidentificación relativa lleva a la presunción generalizada de peligrosidad, la idea de que ante cualquier intercambio con un extraño, hay que tener algún dispositivo para decodificar si es peligroso o no.