Los compañeros del Centro Universitario de Devoto, continúan en lucha que incluye huelga de hambre desde hace casi 20 días, ya que aún no se ha restablecido el normal funcionamiento de este espacio.

Desde la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal buscaron “desacreditar la labor que la lleva la Universidad de Buenos Aires” a través de un comunicado en el cual también justifican la ausencia de la garantía del derecho a la educación al tiempo que (y en contradicción) aseguran que se cumple.

Señalan, por ejemplo, que “criminológicamente, la sola concurrencia a ese espacio académico no garantiza la resocialización que dicen alcanzar muchos de los beneficiados con su concurrencia”.

Entendemos, desde GESEC, que es claro que sólo con el acceso a la educación no se logrará que una persona no reincida en el delito, simplemente debe garantizarse y cumplirse porque es un derecho para todas las personas, estén o no, privadas de su libertad.

Por este motivo desde el Programa UBA XXII, y los coordinadores de las unidades académicas participantes reafirman su reclamo “con el objeto de manifestar nuestro más enérgico repudio a la campaña de (des)información originada en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”.

Adherimos al reclamo, y a continuación exponemos parte del documento distribuido por los integrantes del Programa UBA XXII, que “se ha convertido en referencia nacional e internacional en la materia, colabora con la posibilidad de acceder a las herramientas que sólo el conocimiento brinda, para consagrar derechos no cercenados por la pérdida de la libertad y que, a su vez, coadyuvan para reducir los conflictos que se pudiesen generar con la vuelta al medio libre”.

Sabido es que en las cárceles argentinas no se cumple con el mandato de la ley, ni siquiera con lo que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional cuando expresa que: “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Al respecto, nos vemos en la obligación de aclarar lo siguiente:
1) Si algún estudiante y/o docente de la Universidad se encuentra acusado de la comisión de un delito, deberá responder individualmente ante la justicia como corresponde. No es la UBA el órgano al que la ley otorga la posibilidad ni el deber de juzgarlo. 2) Al día de la fecha el Servicio Penitenciario Federal se ha negado a brindar los elementos que fundan su acusación, que es difundida en tiempo potencial, es decir supuesta. De esta manera, hace imposible la apertura de sumarios administrativos en la Universidad de Buenos Aires, a fin de deslindar o establecer responsabilidades y las posibles sanciones que pudiesen sobrevenir al respecto.
3) Como consecuencia de estas acusaciones vertidas en términos posibles, no de certeza, el Servicio Penitenciario Federal sin dar aviso, sin expresar fundamento alguno y rechazando el dialogo con los representantes de la Universidad, suspendió todas las actividades universitarias durante dos días, interrumpió el servicio eléctrico de las computadoras de la Facultad de Ciencias Exactas, para luego trasladar el equipamiento informático de manera inconsulta a un aula acondicionada especialmente con rejas y candados fuera del espacio universitario, alteraron el lugar físico donde se desarrollan distintas actividades extracurriculares, cursos y talleres organizados por las unidades académicas y distintas expresiones estudiantiles de la Universidad, suprimieron actividades y visitas, y se incumple la Resolución ministerial 1527/09 que establece las condiciones para acceder o permanecer a las carreras que la UBA ofrece en el marco del convenio oportunamente suscripto con el Servicio Penitenciario Federal. Durante este tiempo se produjeron distintas irregularidades, como el faltante de una computadora, traslados de estudiantes a otras unidades y de los pabellones de estudiantes a pabellones comunes, entre las más traumáticas. En este momento un grupo de estudiantes del CUD está realizando una huelga de hambre en protesta por estas medidas.
Corresponde recordar que la Universidad Pública no es “medicina” contra el delito, y que asumimos el compromiso de trabajar en las cárceles con la firme convicción que es mejor que exista educación intramuros a que no exista, que la seguridad de los establecimientos penitenciarios es exclusiva responsabilidad de los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y que la investigación de posibles delitos en ese contexto debe ser abordada por el Poder Judicial.
Reafirmamos nuestra voluntad para seguir desarrollando las actividades universitarias dependientes del Programa UBA XXII. Para ello solicitamos a las autoridades del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación que informen a las autoridades universitarias los fundamentos para los hechos aquí descriptos y que impongan a las autoridades penitenciarias el deber de facilitar, y no obstaculizar, el cumplimiento de los acuerdos entre ambas instituciones para poder seguir llevando adelante con normalidad, y enmarcadas en la legislación vigente, esta iniciativa educativa de la Universidad de Buenos Aires.

El próximo sábado 13 de Noviembre, desde las 10, se realizará el Congreso Internacional de «Seguridad Integral de las Sociedades», en el marco del Tratamiento de la Ley 12.256 de «Ejecución Penal Bonaerense» con aportes de distintas experiencias internacionales.

Tendrá lugar en el «Salón Auditorio de los 30.000 Desaparecido» de la Comisión Provincial por la Memoria en calle 54 Nº487 entre 4 y 5, y con entrada libre y gratuita.

A las 10,45 se prevé que comience el debate por la ley de Ejecución penal bonaerense, mientras que desde las 12, la mesa rondará entorno al Tratamiento de Poryecto de Reforma de Pre-Egreso.

Desde las 14, se hablará sobra la Inclusión del liberado, alternativas y medios de aplicabilidad.

A las 15:30 comenzará el debate sobre el Trabajo post-penitenciario en países vecinos, mientras que desde las 16:30 se prevé realizar una mesa con las conclusiones del encuentro.

http://www.congresoscarcelarios.blogspot.com/

El próximo martes 2 de noviembre, desde las 18, se llevará a cabo la propuesta «Presos de la literatura», en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo Secretaría de Extensión Universitaria, organizado por el Grupo Amplio SALVATABLAS.

Las actividades previstas para ese día incluyen las siguientes presentaciones:

Cesar González – “Camilo Blajaquis”
Re-presentará su libro “La Venganza del Cordero Atado”, luego de hacerlo en la última Feria del Libro, nos comentará sobre los trabajos socioliterarios que está desarrollando en el barrio “Carlos Gardel” y sus proyectos futuros.

Asociación Civil “Yo no fui”
Presentarán su producción literaria, expondrán sobre su experiencia entre las letras, el encierro, las palabras y la libertad.

“Presos del Teatro”
Presentarán “Devenir Literatos” (multiplicaciones dramaticoteatrales sobre lo compartido)

La Universidad de Madres se encuentra en Hipólito Yrigoyen 1584, en Capital Federal.

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes que coordinan el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, publicó un interesante aporte que analiza la Ley de Servicio Cívico y Social aprobado recientemente en el senador nacional.

En este link: más información http://observatoriojovenes.com.ar/index.php?idContenido=1218&idSeccion=4&idSeccionPpal=1

En las últimas semanas nos hemos anoticiado de que un proyecto de ley sobre Servicio Cívico y Social ha sido aprobado por el Senado de la Nación. Nos enteramos ante el hecho consumado, ya que podríamos afirmar que el tema aún no se había instalado en la agenda pública, ni para discusión, ni para debate informado. Por cierto, el tema se trató en la Comisión de Asuntos Penales y Justicia del Senado de la Nación. Por cierto, allí se invitó a expertos a dar su punto de vista.
Poco importó que las opiniones no fueran favorables, nada importó que las autoridades sindicadas como “autoridades de aplicación” mostraran su indignación por haber sido puestas en dicho lugar, sin… siquiera haber sido consultadas. Tampoco importó que valiosas opiniones no hubieran podido ser escuchadas dada la premura con la que se planteó la consulta, y la imposibilidad material de algunos para asistir y emitir opinión. Cabe decir que se trató de lo que vulgarmente podría llamarse una “bravuconada legislativa”. Había que hacer una demostración de fuerza, y ¡qué mejor que utilizar a los jóvenes vulnerables que tan mala prensa tienen! Si se trata de arribar a consensos, ¿qué duda cabe que los jóvenes en zonas franjas de vulnerabilidad y exclusión son un problema acuciante? ¿Qué duda cabe que algo debe hacerse? Hasta allí, en el nivel diagnostico, se pueden establecer coincidencias. Pero en el nivel operativo, ante la vital pregunta de qué hacer, cuáles acciones, cuáles programas, qué tipo de políticas, las diferencias afloran. Para algunos, hay que responder con políticas de inclusión y políticas integrales, para otros, la archiconocida solución de matar el hambre matando a los hambrientos es un comodín apto para cualquier coyuntura. ¿Políticas sociales o políticas de seguridad? O la nueva variante de políticas de seguridad travestidas de políticas de inclusión?
Casi todos los proyectos declaran en sus fundamentos la promoción social, la inclusión y la contención de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social, marginados del sistema laboral y educativo, o en situación de riesgo.
Pero no vayamos tan rápido. El SCV tiene una historia, y si hoy tenemos ante nosotros una discusión instalada, conviene hacer su genealogía para entender de qué estamos hablando, aún cuando sabemos que el proyecto es criticable e inviable, y que no tiene chance de prosperar en la Cámara de Diputados. Pero aun así, conviene interiorizarnos de que se trata para que la próxima vez no nos tome como sociedad tan desprevenidos.
Este proyecto que tan rápidamente encontró la media sanción, estaba en boxes, en el banco de suplentes, o como se quiera designar. No es que se inventó la semana de la discusión en el senado. Como muchas iniciativas de tipo punitivo, esperan agazapadas dormitando en las comisiones hasta que una razón de oportunidad y urgencia, las despabila de repente y les habilita la vía franca hacia el recinto. Ya se preguntarán uds. ¿por qué motivo proyectos de ley que “desconocen” su carácter punitivo y, por el contrario, se “reconocen” como proyectos “proactivos en la promoción y la inclusión”, son discutidos en la Comisión de Asuntos Penales, y no otras Comisiones cuya competencia los habilita por especificidad, por ejemplo la Comisión de Población y Desarrollo Humano, la Comisión de Educación y Cultura, o aún la de Trabajo y Previsión Social, o las dos últimas en simultáneo? Esa es la primera pregunta que debe ser contestada, ¿cuál es la racionalidad que explica que proyectos que abrevan en la inclusión de los jóvenes a través de la educación y el trabajo, sean tratados por una Comisión de Asuntos penales? ¿Y que antes de pasar al recinto, no se gire el dictamen de Comisión a la Comisiones pertinentes? La premura alienta otras preguntas, máxime si se tiene en cuenta el fracaso legislativo en sancionar un régimen de responsabilización penal juvenil, deuda pendiente con los jóvenes por todos unánimemente reconocida. ¿Será que el fracaso en la legislación penal solo se ve mitigado por un triste triunfo pasajero en materia securitaria, y que el pasaje por la comisión de asuntos penales confiere la sensación de que la “peligrosidad potencial” de los jóvenes es tratada seriamente?
Si de historia hablamos, el dictamen resultante de la articulación y compatibilización de cuatro proyectos con trámite parlamentario, reconoce su antecedente más antiguo en un proyecto presentado en el año 2008 por el senador Pampuro. Efectivamente, el proyecto S-388/10 había sido presentado en el 2008, y habiendo perdido estado parlamentario sin pena ni gloria, ni trascendencia mediática alguna, hubo de ser re-presentado en el año 2010, ahora sí con mejor suerte. El Proyecto S-1329/09 del Senador mendocino Sanz, replica un proyecto presentado en la Honorable Cámara de Diputados con anterioridad que ancla su propuesta en la “exitosa” experiencia provincial promovida por el entonces gobernador y ahora presidente de la cámara alta. Ambos proyectos en el 2010, tuvieron competencia: presentó también una propuesta la senadora Montero, el proyecto S-2690/10. Finalmente, fue también parte de la remesa de proyectos, la mucho más integradora y ambiciosa propuesta del senador Rodríguez Saa (S-2642/10), de creación de un Régimen Federal de Voluntariado Cívico.
Muy a grandes rasgos, los proyectos plantean “la creación de un Servicio Cívico Voluntario en el marco de políticas sociales y de defensa de la nación para la inclusión de jóvenes” (Pampuro), “el desarrollo de una política de carácter reparador que contemple la inclusión social, continuidad y finalización del ciclo educativo formal y el fortalecimiento de los vínculos sociales (…para dar respuesta….) a la urgente necesidad de solucionar la problemática socio-económica de nuestra juventud, sobretodo aquella que pertenece a familias con escasos recursos materiales , por lo tanto una franja poblacional de seria vulnerabilidad social” (Sanz), “una política de carácter contenedora y de inclusión social continua, contemplando la finalización del ciclo educativo formal, la formación laboral y el fortalecimiento de los vínculos sociales” (Montero), y párrafo aparte merece el proyecto del senador Rodríguez Saa que excede la cuestión de la inclusión social y la contención de los jóvenes y ancla su propuesta en la promoción del bien común y las prácticas democráticas, la institucionalización del altruismo, el patriotismo y la solidaridad, en todo el territorio de la República Argentina. (…y……) la importancia de la promoción, directa o indirecta, de políticas de bien común que inviten a los ciudadanos a experimentar la utilidad de las acciones altruistas y solidarias”, apuntando por este motivo no solamente a los jóvenes, sino confiriendo al régimen federal un carácter de obligatorio para el desempeño en cargos públicos.
El rango de posiciones es acotado, aunque fluctúa en pretensiones muy circunscriptas a la problemática de los jóvenes que “no estudian ni trabajan” y que son un peligro potencial a la vida en sociedad, y los que pretenden instalar una supuesta ciudadanía plena con reminiscencias de integración social que destila nostalgia fascistoide.

Lo que ningún proyecto explica es por qué han de involucrarse las fuerzas armadas en la tarea de integración social, en una perfomance que va de la “cesión de instalaciones” para la prestación del SCV en virtud de convenios, hasta la puesta a disposición del SCV de dependencias militares para los alumnos permanentes, pasando por el dictado de materias específicas al saber militar “bajo la estricta superintendencia del Ministerio de Educación”. Equivocado estaría aquel que cree que el lugar asignado a las fuerzas armadas es un buen lugar. Obligadas a cumplir un rol ajeno a su misión y funciones, intervenidas en su espacio territorial, supeditadas a la autoridad de aplicación educativa para los aspectos programáticos, cuesta siquiera imaginar que las Fuerzas Armadas hayan dado su beneplácito a la iniciativa. Y por otro lado, grave error pretender asignar algún “lugar” a las fuerzas armadas que no sea el que le corresponde constitucionalmente, ese lugar nada tiene que ver con “gestionar la cuestión social”, en este caso la de los jóvenes pobres.
Así como cuesta creer que el Ministerio de Educación teniendo tantas vacancias que cubrir en la estructura educativa formal, se entusiasme desdoblando sus esfuerzos para realizar acciones educativas que ya contempla en sus planes curriculares en curso. ¿Capacitación en oficios? Si de tan noble tarea se trata, porque esto debe ser realizado en el marco de convenios con espacios militares?
Esto por no mencionar la deficiente definición de partida presupuestaria, siendo que el SCV voluntario supone una erogación importante, siendo que prevé la retribución, remuneración, o estipendio mensual a los “voluntarios” que se inscriban en el SCV. El valor de 3 Asignaciones Universales por Hijo por cada “voluntario” aceptado al SCV, abre interrogantes sobre la equidad en las condiciones de acceso. Algunos jóvenes para estudiar recibirían 3 AUH y otros para cumplir con los estudios solo cuentan con el esfuerzo de sus padres? La erogación total es difícil de determinar de antemano, supeditada como está a los convenios jurisdiccionales que se firmen al efecto, y a las vacantes que anualmente decida el Ministerio de Educación. Igualmente, insuma el presupuesto que sea, el Ejecutivo paga. Una pregunta quizás un tanto ingenua, si de lo que se trata es de proponer acciones que resuelvan problemáticas sociales complejas, y “el Estado paga la cuenta”, ¿por qué agotar la imaginación legislativa en propuestas con tinte punitivo? ¿Porque no pergeñar propuestas de integración en serio a través de dispositivos que no involucren la coerción ni la discriminación? ¿Desde que punto de vista la educación e integración social se avala en términos de seguridad y prevención del delito? ¿Es dable avanzar sobre iniciativas espasmódicas, no cuentan con datos reales que avalen éxito alguno en otras jurisdicciones donde fue aplicada? ¿Son «jóvenes en situación de riesgo» o más bien «jóvenes riesgosos» los que requieren de la participación de la FFAA para su «integración en la sociedad»? ¿Dentro de las políticas de inclusión social no se encuentran los mecanismos mediante los cuales el Estado garantiza que no se relegue ningún sector de la sociedad en relación a otro? ¿Por qué entonces en nombre de esa inclusión se pretende estigmatizar a los jóvenes pobres?
Este proyecto se respalda o reconoce antecedentes en alguna otra experiencia vinculada a la “gestión de la cuestión social de los jóvenes pobres” en ámbitos provinciales por parte de otras fuerzas armadas y de seguridad como gendarmería, prefectura o el mismo ejército?
Para quien quiera un debate informado, les adjuntamos un cuadro comparativo con las propuestas en las que hemos sintetizado los principales tópicos de debate. Asimismo, para aquel que quiera consultar la fuente, le sugerimos tenga a bien valerse de la lectura de los proyectos, que también consignamos como parte de la responsabilidad que hemos asumido desde el ámbito académico de propiciar debates informados.
Cuadro comparativo
Dictamen aprobado HCS
Proyecto S-2642-10 Rodriguez Saa
Proyecto S-2690-10 Montero
Proyecto S-0388-10 Pampuro
Proyecto S-1329-09 Sanz
Versión taquigráfica Debate en Senadores

OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES y JÓVENES Y GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS (GESPyDH)
Instituto de Investigaciones Gino Germani –
Facultad de Cs. Sociales – UBA

Con motivo de los acontecimientos que hemos estado difundiendo y que condicionan el desempeño de acciones en el marco del Centro Universitario de Devoto, como un espacio de resistencia y autonomía dentro de la Unidad, este lunes se realizará una manifestación desde las 18, frente al Ministerio de Justicia, ubicado en Sarmiento 329

El GESEC convoca y adhiere. A continuación el comunicado difundido por los afectados:

El Programa UBA XXII de educación en cárceles de la Universidad de Buenos Aires vive hoy una situación en extremo delicada. La histórica oposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a este programa ha llegado a un nivel de violencia que pone en riesgo la propia existencia del programa. El 23 de septiembre de 2010, el Centro Universitario Devoto (CUD) fue allanado con orden judicial, sin ningún tipo de notificación a la UBA. El allanamiento lo realizó el cuerpo de requisa del SPF, personal militarizado, provisto de armas largas, escudos y cascos. A partir de este hecho, de manera unilateral, sin poner a consideración ni dar aviso a la UBA, el SPF procedió a:
1. Suspender las actividades del CUD durante dos días;
2. Desalojar a los estudiantes y coordinadores internos residentes, que son quienes cuidan el patrimonio y la integridad del espacio universitario;
3. Producir traslados y cambios de alojamiento de estudiantes detenidos;
4. Impedir el ingreso al penal de docentes y estudiantes del medio libre «hasta nueva orden de la superioridad»
5. Modificar el espacio físico del CUD, transformando la Sala de Profesores del mismo en un espacio con rejas sin destino definido hasta el momento.
6. Pretender trasladar a otro sector de la cárcel el lugar físico donde se desarrollan distintas actividades extracurriculares como los Cursos de Computación, la Asesoría Jurídica, la Asesoría Social, el Proyecto Ave Fénix y otras actividades cursos y talleres, todos ellos organizados por las distintas unidades académicas y coordinados por estudiantes y docentes, detenidos y del medio libre, agrediendo los principios de autonomía universitaria y autogestión que regulan la vida académica en este Centro desde hace veinticinco años.
Todas estas medidas constituyen un atropello a la autonomía universitaria y un ataque directo a todos los actores que hacen día a día el programa UBA XXII: docentes, estudiantes y autoridades.

Por esta razón, la FUBA, coordinadores del programa, organismos de derechos humanos y familiares de detenidos nos solidarizamos con el reclamo de los estudiantes del CUD, repudiamos el accionar del Servicio Penitenciario Federal que vulnera el espíritu de la autonomía universitaria y que atenta con el derecho a estudiar de los detenidos en el penal y exigimos la pronta resolución del conflicto.

Por ello, convocamos a la concentración que realizaremos frente al Ministerio de Seguridad y Justicia (Sarmiento 329) en donde se realizará un acto, se entregará una declaración (ver en adjunto) que cuenta con más de un centenar de adhesiones exigiendo la resolución del conflicto y un pliego de reclamos de los estudiantes privados de la libertad que hoy se encuentran en huelga de hambre a la espera de la resolución del conflicto.
EN CASO DE QUERER ADHERIR AL DOCUMENTO MANDAR AVAL A: avefenix@mail.fsoc.uba.ar

NO ANOTARSE SOLO EN LA LISTA

GRACIAS
GRUPO AVE FENIX