GESEC llevó a cabo un conversatorio sobre la situación de la educación en cárceles en América Latina

Situación de la educación en cárceles en América Latina

Este viernes el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC) desarrolló un nuevo espacio de conversación en el marco del Ciclo de conversatorios virtuales «Los desafíos de la educación en cárceles en tiempos de excepcionalidad», moderado por la Prof. Luciana Morini (GESEC), y en la oportunidad se debatió la situación en países de la región.

Participaron Alfirio Rodríguez, jefe de Fiscalización Técnica de la Dirección de Programas y Políticas Públicas del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor del Ministerio de Justicia de Paraguay; Violeta Acuña-Collado, vicerrectora académica de la Universidad de Playa Ancha (Chile) que trabaja en ECE; Gabriela Pasturino, coordinadora del equipo de trabajo con estudiantes privadxs de libertad de Universidad de la República (Uruguay) y Carolina Bessa, ex gestora en el área de educación en prisiones en San Pablo (Brasil).

Alfirio Rodríguez inició su relato comentando que “Trabajamos para adolescentes privados de libertad de entre 14 y 17 años, desarrollamos educación formal y formación laboral con convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia e instituciones de formación laboral del país”.

“Son 181 adolescentes privados de libertad en Paraguay y 31 se encuentran en medios abiertos. Se encuentran distribuidos en ocho Centros Educativos para la Privación de Libertad, uno de ellos para las nueve mujeres”, detalló Rodríguez, al tiempo que precisó: «cada centro tiene una escuela donde trabajan docentes cuyos salarios paga el Ministerio de Educación”.

“Desde el inicio de la cuarentena se decretó la prohibición del ingreso. Los ministerios de Justicia y Educación elaboramos una estrategia y protocolos para que los adolescentes no pierdan el año escolar, que incluye un cuadernillo que los equipos docentes hacen llegar a las autoridades de la institución penal. Pero en formación laboral se suspendieron totalmente las actividades”, dijo.

“Para el segundo semestre hemos incorporado medios virtuales» relató «para lo cual el Ministerio de Justicia facilitó tablets donde los equipos docentes pueden contactar con las y los adolescentes y el Ministerio de Educación facilitó notebook para docentes”. Finalmente manifestó que hay experiencias de intervención en el posencierro y bregó por “el involucramiento de las diversas instituciones que intervienen con las personas privadas de libertad”.

A su turno, Violeta Acuña-Collado refirió que “en tiempos de pandemia se aumenta la situación de agravamiento en las cárceles” y comentó que “por medio de una ley de indulto general conmutativo a causa de Covid-19 en Chile se posibilitó que 1720 personas fueran liberadas” y mencionó que “sólo el 8,5 por ciento de ese total ha reincidido”. 

La funcionaria de la Universidad de Playa Ancha explicó que ante la pandemia se tomaron medidas restrictivas y «al día de la fecha las personas detenidas contagiadas llegan a 1787 y trece fallecidas”, y también llamó la atención por las muertes violentas que ocurren en las cárceles chilenas.

Respecto de la educación, reveló que las políticas públicas en Chile ponen mucha expectativa sobre la educación para lo que se denomina «reinserción social», y puso en valor la experiencia de visitar los proyectos en Argentina que fue «un motor para reivindicarse como derecho al interior de la cárcel en Chile». “Los establecimientos penitenciarios tienen escuelas básicas y medias, pero no existían experiencias desde la Universidad. Nos falta muchísimo y estamos haciendo intentos para instalar experiencias universitarias en la cárcel”, dijo.

En la coyuntura “en algunas situaciones se pudo realizar clases a distancia y en otras por medio de materiales escritos con coordinación de Gendarmería». También señaló el avance sobre un proyecto de investigación que se realiza desde la Universidad y la tarea de visibilización sobre el derecho a la educación de las personas privadas de libertad.

Por su parte, Gabriela Pasturino comentó que, ante la pandemia, la Universidad de la República cerró los edificios y comenzó a elaborar protocolos. “En las cárceles se da la situación que, de alguna manera, se está controlando la llegada del virus, no ha habido ningún caso positivo siendo que tenemos la tasa más alta de prisionización del mundo, es la forma que tiene el país de resolver los conflictos”, aseveró.

Detalló que “en Uruguay hay 13 mil personas detenidas, un 20 por ciento accede a la educación formal y la falta de actividad fue generando conflictividades como el consumo y violencia”. «Lo primero que empezamos a hacer desde la Universidad fue intentar sostener el vínculo con los más de cien estudiantes» y explicó que «no se trabaja desde extensión sino en enseñanza con las facultades a través de referentes territoriales y tutores pares».

«Empezamos entregar materiales, tareas, a dar la reflexión acerca de cómo se estaba viviendo desde adentro la cuestión de la pandemia», narró Pasturino al tiempo que analizó: «en las cárceles estamos en estado de excepción permanente pensando cómo hacer, cómo hacerlo distinto en cárceles, en este caso para que lxs docentes vayan. Esto nos permitió ver la situación de manera compleja». 

También destacó el trabajo del «operador civil, quien hace que las tareas lleguen a lxs estudiantes y que esa tarea vuelva a lxs docentes” Y añadió que «en el segundo semestre se están dictando clases virtuales en un trabajo fuerte con el Instituto Nacional de Rehabilitación para que exista conectividad».

Por su parte, Carolina Bessa, contextualizó la situación penal en Brasil, que se constituye como “el tercer país con más personas detenidas en el mundo y el tercero también con más casos de Covid-19 y en las prisiones”. 

El país tiene “cerca de 800 mil personas detenidas y la educación alcanza al diez por ciento en lo que respecta a primaria y secundaria; en Universidad tenemos aporte de extensión e investigación pero no carreras, por eso fui a Argentina a investigar el diseño de las políticas universitarias allí”, remarcó.

Precisó que “hay más de siete mil presos infectados y no hay disponibilidad de dispositivos electrónicos para la tarea socioeducativa” y aclaró que “el escenario es heterogéneo por lo que en algunas comunidades hay experiencias remotas en nivel secundario pero no hay posibilidad de una conectividad. El único contacto con el mundo exterior es con los funcionarios”.

“El escenario es adverso, muy severo y la educación está discontinuada. Es momento para fortalecer vínculos entre profesionales y distintas políticas institucionales”, puntualizó. También expresó la importancia de “las prácticas de autogestión de lxs propios estudiantes, además de la gestión de materiales entre los actores”.