Entrevistamos a Mariano H. Gutiérrez, abogado, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal y compilador del libro “Lápices o rejas. pensar la actualidad del derecho a la educación en contextos de encierro».
Gutiérrez participó como invitado especialista en la materia en el marco del Seminario “Educación, Cárcel y Derechos Humanos” que GESEC La Plata dicta en la Facultad de Trabajo Social.
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MARIANO GUTIÉRREZ: «RECONOCER A LOS PRESOS COMO OBJETIVO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA»
Entrevista: Victoria Aued
GESEC: ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran al analizar el derecho a la educación en contexto de encierro punitivo?
Mariano Gutiérrez: Todos. Quiero decir: la tendencia de todas las instituciones penitenciarias a encerrarse y a administrar con la lógica penitenciaria todo lo que ocurre, lo cual excluye a la lógica puramente educativa. El decaimiento del impulso de los ministerios de Educación, y por lo que escuchamos hoy acá (en referencia a la charla brindada en la Facultad de Trabajo Social), en la Provincia de Buenos Aires directamente la ausencia de los Ministerios de Educación en tomar a las personas privadas de su libertad como parte de su población y objetivo de políticas públicas. Y también cierta complicidad involuntaria de una mirada jurídica muy estrecha sobre la situación del preso y el ejercicio de sus derechos, más allá del de la libertad individual.
Estos tres ejes contribuyen a la dificultad de que el derecho a la educación en contextos de encierro sea efectivamente un derecho.
GESEC: ¿Cómo evalúa el impacto en la legislación y las políticas públicas en la modalidad contexto de encierro en los últimos años?
MG: Hubo un avance muy pequeño y muy trabajoso y algunos retrocesos también respecto a las políticas públicas. Y dentro de esas políticas públicas la legislación también tiene un rol clave, a veces en contribuir en la dirección opuesta a la que se supone que debe contribuir. Por ejemplo, hubo un impulso fuerte de la Nación entre 2006 y 2011 en avanzar sobre la lógica educativa sobre las cárceles, pero a partir de 2011 comenzó a decaer. Se suponía que con la Ley de Estímulo Educativo, que era una modificación a la Ley de Ejecución, ese impulso iba a aumentar. Quizás se incrementó en la intervención de otros actores, como los penales, pero al mismo tiempo eso desplazó el poder que estaba teniendo el Ministerio de Educación. Esto produjo que la defensa de los derechos se hicieran desde una mirada penal y, al hacerse así, modificó la suerte de la política pública que parecía ir sugiriendo otro camino.
GESEC: ¿Qué más puede hacer el Estado, y especialmente la escuela, para garantizar el derecho a la educación en un contexto tan particular?
MG: Reconocer a los presos como objetivos de su política educativa y hacerlo efectivamente disputándole la lógica de la administración del tiempo y de los objetivos educativos al Servicio Penitenciario. Es decir, no aceptando la autoridad penitenciaria por sobre el alumno que en ese momento está privado de su libertad. Debe concebirlo como alumno y no como preso en el momento que está en clase, bajo la autoridad de un profesor y no bajo la autoridad penitenciaria.
GESEC: ¿Cómo cree que está respondiendo la Justicia en este sentido?
MG: La Justicia siempre tiende a tener una mirada muy conservadora sobre los problemas, entonces siempre es una mirada a mitad de camino. No es ni la más represiva ni, al mismo tiempo, la más progresista. Pero especialmente en la Provincia, la Justicia está en un nivel paupérrimo, ya que ha habido una larga política de designaciones a partir de conveniencias políticas y no por capacidad o por idoneidad. Yo creo que de todas las instituciones involucradas, es la que está en peor crisis de funcionamiento. Al menos desde 1998 para acá, la Justicia está en un nivel de calidad institucional paupérrimo y no tengo expectativas en que tenga un rol activo en la protección de estos derechos. Siempre va a estar atravesada por una mirada de conveniencia política coyuntural y bastante conservadora sobre el asunto.
GESEC: ¿Qué desafíos presenta la educación pública en contextos de encierro punitivo a las organizaciones de la sociedad civil?
MG: En realidad, para los que estamos interesados en el tema, nuestro primer desafío sería hacer interesar a la sociedad civil porque, en general, no está dentro de su agenda de preocupaciones. Hay muchas formas y argumentaciones que podrían hacer a la sociedad civil interesar en el tema, pero como esto es difícil de capitalizar políticamente, como no rinde electoralmente, los actores políticos no van a motorizar este interés.
Pero si no se involucra la sociedad civil, si esto no lo pone en su agenda pública, es muy difícil que se produzca un cambio político.
GESEC: ¿Y respecto a la Universidad, cómo cree que está involucrada y qué desafíos representa este tema?
MG: Las Universidades, en general, han sido la avanzada respecto al derecho a la educación en contextos de encierro tanto a nivel nacional como, en algunos casos, a nivel provincial. Pueden tener el rol de una punta de lanza de esa mirada inclusiva educativa sobre poblaciones que, generalmente, han estado excluidas. Ahora, la Universidad también está en determinado contexto político y sufre vaivenes. Por ejemplo, en los últimos años, la Universidad de Buenos Aires ha retirado mucho apoyo al Centro Universitario de Devoto (CUD), entonces quienes lo deben sostener son los docentes y los estudiantes.
Por eso sería muy importante que las Universidades con capacidad crítica, con una mirada bastante progresista e inclusiva, como la de La Plata y otras, tomen la posta y actúen de punta de lanza para el ingreso de las políticas educativas dentro de lo carcelario.
Coordinado por las organizaciones ATRAPAMUROS y GESEC La Plata, el I Encuentro de cárceles y seguridad se La Plata los días 14 y 15 de noviembre. El primer día las actividades se concentrarán el edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el segundo día en las instalaciones de la Facultad de Trabajo Social.
