Por Francisco Scarfó

Es indudable que toda práctica educativa, en el contexto y en el tiempo que sea, está cargada de “sentidos”, intenciones, perspectivas. El “hacia dónde voy o quiero llevar” mi práctica implica una caracterización, una configuración de la misma. Esos sentidos, a veces se pueden manifestar abiertamente, otras veces necesitan de reflexión, de revisión y de visibilidad para poder así comprender humanamente la intervención socioeducativa que se realiza.

Cuando hablamos de los sentidos de la práctica educativa en la cárcel lleva irremediablemente a reflexionar sobre los sentidos de esta institución, de la privación de la libertad, del castigo y la relación con la educación y la escuela.

En esta línea lo primero a pensar es que la educación y el castigo se presentan como par de conceptos felizmente opuestos y esto hace que se reflexione sobre cómo pueden “convivir” en la cárcel, ya que los sentidos de una y otro son disímiles. La educación pretende el desarrollo pleno, libre, crítico y autónomo de la persona; mientras que el castigo opera como acción represiva, limitante y flagelante de la persona en términos formativos. La manera en que puedan permanecer juntos, desde mi humilde mirada, es entender a la educación como derecho humano. Y esto impele un sentido vigoroso a la educación despojándola de cuestiones tratamentales, disciplinantes, de seguridad y de control. El pensar y dar sentido a la educación en la cárcel como derecho humano conlleva entonces a un sentido de la práctica educativa congruente con la perspectiva de la educación en y para esos derechos: esto es un práctica que se asuma en lo conceptual, en los valores, en las actitudes, en las destrezas que fortalecen la educación en tanto derecho. No hay que olvidar en tanto sentido, lo que se ha mencionado en artículos anteriores de este blog sobre los criterios de realización del derecho a la educación, principalmente el criterio deadaptabilidad y aceptabilidad.

A esto hay que sumarle en términos de “sentidos”, y en concordancia con muchas políticas educativas en contextos de encierro punitivo de los estados de la región, que “educación y seguridad se excluyen mutuamente”. Esto quiere decir que la educación y la práctica educativa que se promueven son distintas a las que promueve la seguridad en una cárcel. Les propongo ver en este tema el Decreto Reglamentario de la Ley 26695 de Argentina, en donde establece claramente que los/as funcionarios/as de seguridad quedan excluidos/as de la posibilidad de llevar adelante procesos formativos en las escuelas y programas educativos oficiales. Esto es en función de que no medie en los procesos de enseñanza y aprendizaje situaciones que deriven en posibles sanciones y advertencias por parte de funcionarios/as a los y las estudiantes detenidos/as. Más aún si la seguridad fuera parte del proceso formativo, éste dejaría de serlo porque la subjetividad de los/as estudiantes y el ambiente pedagógico de las aulas sería un espacio y un tiempo más de la rutina de la cárcel sometida al tratamiento penitenciario, al control, al disciplinamiento.

Los sentidos de la práctica educativa deben tener claro que estamos ante una práctica social, un proceso social que nos toca jugar interviniendo justamente desde lo socioeducativo para construir y reconstruir saberes, experiencias, sentires, trascendencias.

Estamos, en el caso de los/as docentes de escuelas públicas, ante un sentido público de nuestra labor, de nuestra tarea y esto impele responsabilidad, impele una praxis pública a favor de una construcción democrática, humana y justa de la sociedad desde el contexto que nos toca: una escuela en la cárcel. En esta línea se potencia el sentido ético-profesional de nuestra intervención que supere lo “moralista”, “asistencialista” y “contención” de nuestra tarea.

Nuestra práctica educativa debe estar atenta a no ser parte de los eslabones técnicos-profesionales que se presentan en las prisiones que se suman al control, al amansamiento, a la crueldad, a la violencia que el “dispositivo” cárcel presenta día a día.

Es indispensable el saber por qué y el para qué voy a la cárcel. Esto facilita el hacer de nuestra tarea. Podemos saber cómo se configura nuestra práctica, cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por ello el sentido de la práctica debe fundarse en una constante acción-reflexión-acción para poder enriquecerla, empoderarla y hacerla jugar en la cadena de humanidad, justicia y democracia que tanto necesita la cárcel hoy.

Francisco Scarfó, educador en cárceles desde el 1992, magister en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, fundador y actual presidente del GESEC (Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles).

Fuente: https://orei.campanaderechoeducacion.org/post_blogueros/los-significados-de-la-practica-educativa-en-la-carcel-desde-una-perspectiva-de-los-derechos-humanos/

Por Francisco Scarfó

Suele ocurrir que los medios de información presentan y tratan al tema de la cárcel y las personas privadas de la libertad cuando ocurren grandes motines o fugas y muy pocos veces se muestran otros aspectos de la vida diaria en este contexto punitivo. Esta cuestión deja a la vista un hecho más de lo segregativo y excluyente que se nos representa la cárcel y los temas que hacen a ella.

La cárcel no solo suele estar alejada físicamente de los centros comerciales y culturales de las ciudades sino también de los medios de comunicación e información y esto opera restando visibilidad a las urgencias humanitarias y a las vulneraciones a los Derechos Humanos (DDHH) que suelen ocurrir en estos ámbitos.

Muchas veces este “apartar” de la vista a la cárcel por parte de la sociedad no solo es por ser un lugar poco agradable o por pensar que esta la “lacra” de la sociedad allí y no debe contagiar a la sociedad “sana”, sino también la invisibilidad resulta de cómo los comunicadores/as y periodistas abordan el tema y en especial el tema de la educación en prisiones como parte de los DDHH.

Así es clave en el desarrollo de los DDHH en cualquier ámbito y en especial en cárcel –por ser éste un dispositivo cruel, marginal, segregativo y de castigo – su comunicación y visibilidad en pro de su promoción, disfrute y exigencia.

Si no se conoce es muy difícil que se hable de tal o cual cosa y si encima se conoce parcial y prejuiciosamente, más aun se profundiza su invisibilidad y oscurecimiento en términos de ser una situación que movilice sensibilidades de la sociedad en general, así como de los/as gestores de la política pública y la sociedad organizada.

Los/a comunicadores/as y periodistas deben contar con una formación especifica sobre cómo tratar el tema de los DDHH y con más necesidad en contextos tan singulares y proclives a la violencia institucional como lo es la cárcel. Pensemos que lo no dicho, no visto, no informado puede ser en alguna medida ingenuamente cómplice de una vulneración de derechos en la cárcel.

Por ello nos resulta feliz el contar con una guía Contextos de Encierro, Contextos de Derechos – Guía para periodistas, comunicadoras y comunicadores, formulada por la CLADE, en alianza con Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y el Grupo de Estudio sobre Educación en Cárceles (GESEC), que aborda el tema del cumplimiento de los DDHH en contextos de encierro punitivo en especial  del derecho humano a la educación, en el interior de las cárceles de América Latina y el Caribe.

La guía presenta información sobre los principales mecanismos de protección de DDHH referido a las personas privadas de la libertad destacando el derecho a la educación. Contiene reflexiones sobre temáticas centrales, problemas de cobertura y sugerencias sobre cómo abordar y producir periodísticamente desde una perspectiva de DDHH, que tenga centralidad en el respeto a las personas privadas de libertad. Además presenta un apartado específico acerca del tema de la discriminación sobre colectivos en situación de vulnerabilidad en el contexto del encierro punitivo como son los y las adolescentes en conflicto con la ley penal; las mujeres encarceladas, las personas indígenas y afrodescendientes privadas de libertad, buscando poner “… atención sobre las conexiones entre identidad, género, raza, etnia y condición social, y la permanencia de desigualdades estructurales que culminan en el encierro.”[1]

Como se ha dicho en otras oportunidades, la educación en cárceles tiene una especificidad por su contexto y su sujeto de la acción educativa y por ende no alcanza solo con ofertar escuelas y maestros/as en la cárcel. Se requiere de contar con alianzas, articulaciones y solidaridades de muchos de los/as actores e instituciones que hacen a la garantía, la ejecución, la protección y la promoción del derecho.

La comunicación, la información y por lo tanto la visibilidad de la educación en cárcel es vital en términos de movilizar sensibilidades, de poner a la luz la política publica hacia la cárcel y a la educación, de valorar el trabajo diario de las escuelas y maestros/as, de rescatar el esfuerzo de muchos/as estudiantes detenidos/as en avanzar en sus estudios, de que es posible gestionar la cárcel – desde los/as funcionarios/as penitenciarios/as – con una perspectiva centralizada en la persona y en sus derechos, de activar un trabajo intersectorial que fortalezca las actividades educativas, culturales y laborales en la cárcel.

En definitiva, comunicar desde una perspectiva de DDHH lo que ocurre en la cárcel, en especial la educación, es el gran desafío que debemos sostener si queremos una sociedad más justa, más inclusiva, más humana, más democrática.

[1] Ver más de la guía aquí.

Francisco Scarfó, educador en cárceles desde el 1992, magister en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, fundador y actual presidente del GESEC (Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles).

Fuente: https://orei.campanaderechoeducacion.org/post_blogueros/la-necesidad-de-visibilidad-del-derecho-a-la-educacion-en-carceles/

Lo sostuvo Francisco Scarfó, quien participó en un panel del Congreso llevado a cabo por la FAcultad de Periodismo de La Plata, junto Azucena Racosta, Juan Pablo Parchuc, Fernando Matschke y Jorge Jaunarena

El panel “Educación Superior en Cárceles” coordinado por Natalia Zapata, tuvo una gran participación de diferentes actores y militantes de la educación en cárceles que acercaron su mirada y experiencia sobre la temática, en el aula 19 del edificio Presidente Néstor Kirchner donde se desarrolla el I Congreso de Comunicación Popular y el II Congreso de Comunicación/Ciencias Sociales.

Francisco Scarfó, referente de GESEC La Plata, fue el primero en comenzar a desarrollar el trabajo que vienen realizando con la participación de profesores en primera instancia y a la luego, se le fueron sumando alumnos y otros profesionales. “Tenemos varios seminarios realizados en facultades y otras universidades, y lo que intentamos buscar es una incidencia en la política pública” sostuvo.

“Vengo laburando en cárceles hace más de dos décadas. En estas dos últimas décadas hay avances en lo normativo, pensar  que en la ley de educación superior hay un articulo especifico referido al tema es un logro, pero como solemos decir, que hay profesores, educación, no es suficiente, porque estamos en una instancia de ya no pensar el qué o para qué sino el cómo, porque ahí surgen los problemas estructurales”.

Expresó que los problemas, más allá de los estructurales, son como se define a la educación. Hay que ver como se la define a la cárcel, como se la discute, como se piensa a la educación como una instancia de beneficio.

“Es central pensar a la educación como un derecho humano, pensando al sujeto de la educación como un sujeto de derecho. Esto implica que hay instancias normativas y también de monitoreo. Porque acá no están establecidos protocolos de previsibilidad, para que los derechos como educación o salud no se retraigan”.

Explicó que el tema de la formación docente y la selección es un problema, porque en las escuelas hay muchos amiguismo, sobre todo en la secundaria, cuando debería haber instancias de concursos, como en la universidad, ya que eso hace a la calidad de la educación.

“Qué aporta la universidad a la cárcel, que la hace más pública le da más visibilidad, aporta docencia extensión e investigación, organización y participación de estudiantes. En los desafíos es necesario asumir un voluntad política que desde por ejemplo el rectorado que articule todas las experiencias de las facultades. Hay que potenciar cátedras y extensión. Es necesario que la problemática de las cárceles sea transversal a la formación universitaria en todas sus carreras”.

La referente de la organización La Cantora, Azucena Racosta sostuvo que “Yo vengo de una organización territorial que llegó a la universidad. Hace muchos años que decidimos ir a buscar con unos compañeros el aparato represivo de la dictadura, porque no creíamos se hayan extinto con la llegada de la democracia o con el acto de votar y lo encontramos en las cárceles, donde seguían manteniendo muchas de esas prácticas. Así nació La Cantora”.

Expresó que es muy difícil llevar adelante cualquier proceso emancipatorio en contexto de encierro. “Decidimos como militantes trabajar con este sector, con el más castigado, como dice Zygmunt Bauman con los residuos. No estaba dentro de nuestro proyecto llegar a la universidad pero si llegamos con ese mandato para cruzar el discurso neoliberal con el de las personas empobrecida. Éramos los locos que veníamos a hablar de los presos. Lo que hicimos fue aprovechar e ir aprendiendo hasta que comenzamos a presentar proyectos de extensión para trabajar en contextos de encierros”.

Remarcó que la cárcel de Olmos tiene una gran catedral, lo que marca el peso que tiene la iglesia, pero también hay una gran escuela, que siempre está vacía y que es muy difícil pensar en resolver esta situación que tienen que tomar nuestros gobernantes para desmantelar las mafias penitenciarias, que todo lo vende y negocia.

Sentenció que antes que el derecho a la educación, está el derecho a la vida y que sigue sintiendo vergüenza del sistema penitenciario que tenemos y que la vergüenza también es un sentimiento revolucionario como decía Marx.

Por otro lado, Juan Pablo Parchuc de la UBA, contó su experiencia de más de dos décadas en educación en contextos de encierro y resaltó que la articulación con otros niveles les parece fundamental, ya que se aprende mucho de las diferentes experiencias. “Tratamos de ir generando esas articulaciones que nos ayudan a estar mejor organizados adentro. Tenemos situaciones muy distintas en cada uno de los espacios que estamos. Hay un crecimiento de organización adentro que es muy interesante y eso nos alienta a seguir adelante”.

“Vemos que ha habido un gran crecimiento de la matricula que estudia, aunque sabemos que también hay mucha demanda que encuentra su freno con el servicio penitenciario. Hace tiempo venimos pensando otras ofertas académicas, ya que el 2% de la población carcelaria estudia, uno de los desafíos es pensar la oferta, no solo adentro sino después para cuando salen”.

Vienen pensando en prácticas orientadas al cooperativismo y eso los ligó la organización del trabajo en un marco de economía social, y remarcó como la universidad participa y fortalece los procesos de organización dentro de los contextos de encierro.

El Abogado del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, Fernando Matschke  expresó que “nuestra área se dedica a el monitoreo de los contextos de encierro, donde el mayor trabajo ha sido en cárceles. Cuando una persona esta vulnerada en sus condiciones de detención se presenta un habeas corpus coercitivo que es con el que trabajamos”.

“El problema de la educación superior en cárceles, es la cárcel, porque es un sistema cuyo único fin es la crueldad. La primera carrera que entró a la cárcel fue derecho y eso a la larga nos sirvió. Aunque en un principio llegaban los que elegía el servicio penitenciario. Periodismo fue la segunda con muchos inscriptos. La universidad le aporta miradas, que después se discute que mirada, pero esa es otra discusión que dar”.

Por último, el Secretario de Derechos Humanos de la Facultad, Jorge Jaunarena agradeció a los compañeros que hicieron posible que la carrera de Comunicación Social se inserte en las cárceles y contó la experiencia de un convenio que nace en el año 2008 para realizar de talleres de gráfica y radio, que comenzó como un convenio de extensión y hoy está la carrera.

Realizó un racconto de los estudiantes que están estudiando, los cuales 4 están en proceso de tesis, 20 cursando en el ciclo básico y el año paso se recibieron 3 del profesorados. El 85 % de nuestros alumnos y alumnas terminaron el secundario en la cárcel lo cual habla mucho de estas políticas, pero remató diciendo que solo 3 carreras están trabajando en cárceles cuando hay más de 140 en la universidad.

Fuente: Prensa | Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)